¿Qué es el juicio de amparo? Una forma de protección de los derechos humanos frente a los abusos d

Hoy en día, México atraviesa una crisis institucional de índole política y social en el tema de los derechos humanos. Los últimos doce años, a partir del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” nuestro país comenzó a caer en un trágico espiral, cada vez más alarmante, de violaciones constantes y sistemáticas en materia de derechos humanos. Si bien la Constitución de la República establece una serie de derechos para toda persona, así como garantías para su protección, lo cierto es que el Estado, o mejor dicho los operadores del Estado, sobre todo las fuerzas policiales, militares, de procuración y administración de justicia; se encargan hacer del Estado de Derecho el talón de Aquiles de nuestro país.

Ante este panorama que parece desolador para el ciudadano promedio, existe un medio de protección a los derechos humanos, que aún se conserva como una luz de esperanza jurídica para el gobernado de a pie, se trata de la gran aportación del derecho mexicano a la ciencia jurídica, el Juicio de Amparo, pero ¿Qué es el Juicio de Amparo? ¿Por qué puede ser la forma más efectiva de protección de los derechos humanos?

Sin ahondar demasiado en la historia del amparo, esta institución jurídica se estableció en México durante la primera mitad del siglo XIX, nació de manos del jurista yucateco Manuel Crescencio Rejón, después perfeccionado por el jurista jalisciense Mariano Otero ( al cual se le debe la llamada doctrina otero, que rige en el Juicio de Amparo, y que versa sobre la relatividad de la sentencia amparadora, es decir, que el Amparo sólo protege a aquel que lo solicita). Institución jurídica que ve su luz por primera vez, en el proyecto del artículo 53, elaborado por Manuel Crescencio Rejón, de la Constitución del Estado de Yucatán de 1841 y que decía: “Corresponde a este tribunal (la Corte Suprema de Justicia) reunido: 1º. Amparar en el goce de sus derechos a los que pidan su protección contra las providencias del Gobernador o Ejecutivo reunido, cuando en ellas se hubiese infringido el Código Fundamental o las leyes, limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte que procediere". El Juicio de Amparo es recogido a nivel federal en la Ley de 1847, que restaura el federalismo, y finalmente recogido por las Constituciones de 1857 (Las llamadas Leyes de Reforma) y la de 1917 (Que actualmente nos rige).

Ahora bien, adentrándonos en lo que es el Juicio de Amparo, lo primero que se tiene que decir de éste, es que se trata de un medio de control constitucional, por medio del cual el gobernado puede hacer frente a los actos de autoridad del gobierno en sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial; así como en sus tres niveles, federal, estatal y municipal; y así también como en los diversos órdenes jurídicos, administrativo, fiscal, civil, laboral, penal y otros tantos. En segundo lugar, hay que resaltar que se solicita el amparo y protección de la justicia federal cuando se considera que los actos de autoridad han violentado alguna disposición constitucional en materia de los derechos y garantías que ésta otorga, si bien es cierto, el juicio de amparo también se encarga de estudiar cuestiones de carácter procesal, siempre y cuando afecten la esfera de los derechos que la constitución salvaguarda.

Respecto a su fundamento legal, éste se encuentra en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su Ley Reglamentaria, mejor conocida como Ley de Amparo, cuya nueva ley fue expedida el 2 de abril de 2013, lo cual dio origen a la creación de la décima época de la generación de tesis y criterios jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación.

En cuanto a su teleología, el Juicio de Amparo tiene la finalidad de restituir al quejoso (como se le denomina a la persona que solicita el amparo) en el goce de sus derechos, en un estado anterior al momento en el que la autoridad responsable emitiera el acto reclamado (es decir, el acto de autoridad que violentó los derechos del quejoso) o en casos excepcionales, donde el acto sea irreparable, como lo puede ser la salud plena, lo más cercano a ésta.

En este sentido, sin ahondar por el momento en cuestiones de técnica jurídica, se puede decir que la forma más efectiva de protección a los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano es el Juicio de Amparo, y para esto sirven dos ejemplos.

El primero de ellos es polémico por la trascendencia del mismo, se trata del caso Florance Cassez, "la francesa secuestradora", en donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de un Amparo Directo en revisión (en otro artículo se explicará a mayor profundidad la técnica del Amparo) concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a esta ciudadana francesa, debido a la gravedad a la violación de sus derechos humanos, por parte de la entonces Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República, a través de un montaje televisivo transmitido a todo el país en vivo, mismo donde se le involucraba con una peligrosa banda de secuestradores, “Los Zodiaco”. Montaje que no permitió establecer con claridad la verdad histórica de los hechos y violó los derechos de la francesa al presentar una serie de testigos y hechos fabricados, ante tal panorama, la única salida que pudo seguir la Primera Sala de la Corte, a través del proyecto del Ministro Arturo Zaldivar y retomado por la Ministra Olga Sánchez Cordero, fue la libertad inmediata de Florance Cassez. Cabe señalar que no fue puesta en libertad por ser inocente, sino por la burda actuación de la autoridad policial y ministerial a la hora de integrar la investigación ministerial.

El segundo ejemplo es reciente, se trata de las sentencia amparadora emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito Judicial de Tamaulipas, en relación al caso Ayotzinapa, en el cual desmonta la llamada “verdad histórica de los hechos” que tanto se esforzó en sostener la Procuraduría General de la República (PGR), y que por medio de esta sentencia de Amparo fue echada por tierra y corrobora lo insostenible de la versión oficial, con lo que obliga a la PGR a investigar el caso y llegar a la verdad de los hechos. De tal manera que se demuestra que, a través del Amparo, el Poder Judicial de la Federación se convierte en el mejor contrapeso del Ejecutivo y demás poderes, ya que, si bien la PGR dice “no compartir los criterios del Primer Tribunal Colegiado” para efectos de la sentencia de Amparo y la trascendencia de ésta, la postura de la PGR resulta irrelevante, ya que se encuentra obligada a cumplir la sentencia en todos y cada uno de sus términos.

En conclusión, la mejor forma, desde el Estado de Derecho, de hacer frente a las arbitrariedades que el gobierno pueda ejercer en contra de los gobernados, es recurrir a las instancias judiciales competentes para hacer frente a éstas y defender el goce de los derechos de los ciudadanos. En el caso de México, es a través del Juicio de Amparo, que se promueve ante el Poder Judicial de la Federación, y que se muestra como la forma más efectiva de protección de las garantías que otorga la constitución y tratados internacionales a los que el Estado mexicano se encuentra obligado a observar. En sucesivos artículos se hablará, desde una mayor técnica jurídica, en qué consiste el Juicio de Amparo, los derechos humanos y el control de convencionalidad.